Seis grandes grupos editoriales y el gremio de autores de Estados Unidos presentaron una demanda contra la ley estatal HB 1069 de Florida, firmada en 2023 por el gobernador Ron DeSantis.
Esta ley, que permite a los padres impugnar libros en las bibliotecas escolares si los consideran pornográficos o relacionados con la identidad de género, ha sido calificada como inconstitucional y una amenaza a la libertad de expresión.
La acción legal busca frenar las restricciones impuestas en las escuelas públicas, argumentando que atentan contra derechos fundamentales.
Polémica en Florida con las editoriales por una ley de DeSantis.
Florida: clásicos literarios bajo amenaza por la ley HB 1069
Los demandantes sostienen en su querella, presentada en una corte federal en Orlando, que la implementación de la ley HB 1069 ha resultado en la eliminación de numerosos clásicos de la literatura universal de las estanterías escolares de Florida.
Obras como Anna Karenina de León Tolstói y Por quien doblan las campanas de Ernest Hemingway, entre muchas otras, han sido retiradas bajo los amplios y ambiguos mandatos de la ley, que prohíben evaluar el valor literario de los libros. Según las editoriales, estas obras, que han sido parte de las bibliotecas escolares por años, son "clásicos atemporales" y "no son ni remotamente obscenos."
Además, argumentan que el lenguaje vago de la ley ha generado confusión y pánico entre las juntas escolares, provocando la retirada apresurada de cientos de publicaciones en todo el estado.
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
La normativa establece que los libros impugnados deben ser retirados en un plazo de cinco días, durante el cual los distritos escolares revisan su contenido. Si no se encuentran violaciones a la ley, los libros pueden ser restaurados en las bibliotecas. Sin embargo, si contienen referencias a "conducta sexual", pueden permanecer en los estantes, pero deben ser etiquetados según el grado o la edad correspondiente.
Florida: qué editoriales demandan al Estado del Sol
Los querellantes, entre los que figuran Penguin Random House y HarperCollins Publishers, piden que dos provisiones de esta norma sean declaradas inconstitucionales y queden sin efecto.
Las otras editoriales son Hachette Book Group, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, y Sourcebooks, además del gremio de autores y escritores como Julia Álvarez, John Green y Laurie Halse Anderson, entre otros.
Desde que fuera promulgada, DeSantis ha defendido la norma bajo el argumento de que concede a los padres de familia el derecho a objetar publicaciones que consideren sean pornográficas o con material sexual explícito.
La norma es similar a otras promulgadas en otros estados conservadores, que desde hace unos años han impuesto restricciones a las bibliotecas escolares.
De acuerdo con la organización PEN America, bajo el Gobierno de DeSantis, "Florida ha prohibido más libros que cualquier otro estado" desde que en 2021 "comenzó esta ola de censura sin precedentes".