Madrid y Andalucía estudian medidas para «detener el atropello» del decreto de universidades

Dos semanas después, y con el borrador del texto en la mano, ambas comunidades estudian fórmulas legales para 'frenar' un decreto que podría adolecer del necesario rigor técnico y vulnerar el ordenamiento vigente.

En concreto, la Comunidad de Madrid asegura a ABC que «utilizará todas las herramientas a su alcance para detener este atropello, que no busca proteger o mejorar la universidad pública sino atacar a la universidad privada y, una vez más, crear división y enfrentamiento en la sociedad». Por su parte, la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía está estudiando llevarlo al Tribunal Constitucional. Desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, han especificado que, aunque aún no hay nada decidido, están analizando el texto del decreto. Villamandos ha asegurado que se trata de un borrador que «excede las competencias del Gobierno central. Hay algunos matices importantes y algunos que pueden rozar la inconstitucionalidad». La Generalitat Valenciana presentó ayer ante el Ministerio de Universidades su informe de alegaciones.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC argumentan que al Estado le corresponde exclusivamente el establecimiento de la normativa básica que no puede ser tan exhaustiva como la que fija este nuevo real decreto de Universidades que, de hecho, venga a vaciar de contenido la competencia autonómica. Es decir, la norma podría incurrir en una invasión de competencias universitarias por parte del Gobierno a las comunidades autónomas. Por otra parte, el texto que quiere aprobar en las próximas semanas el Ejecutivo de Pedro Sánchez también podría vulnerar el principio de irretroactividad de normas al afectar a derechos ya adquiridos y consolidados por universidades que han sido reconocidas por ley. Con esa aplicación retroactiva de una norma desfavorable, se estaría infringiendo el principio de seguridad jurídica consagrada en nuestro ordenamiento.

Con todo, existen dudas. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Universidades sobre el carácter retroactivo de la norma. En este sentido, para las universidades ya consolidadas, los de Diana Morant aclaran que será la comunidad autónoma la encargada de abrir un expediente si un campus no cumpliera con los requisitos que establece la norma como el mínimo de 4.500 alumnos matriculados en cinco años o el 10% de plazas de alojamiento, entre otras.